Circular 2013 A.T. CEV: Ley 5/2013, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (IPPC), y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

Se ha publicado en el BOE del pasado 12 de junio, la Ley 5/2013, por la que
se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación (IPPC), y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados.

La primera de ellas, la Ley IPPC se modifica para adecuarla a la Directiva
2010/75/UE sobre las emisiones industriales. Entre las modificaciones
introducidas se destacan las siguientes:
Ampliación y modificación de las actividades industriales  sometidas
a Autorización Ambiental Integrada – AAI (anexo 1).
La AAI podrá ser válida para distintos titulares de una o más
instalaciones, o partes de instalaciones, que tengan la misma
ubicación (antes explotadas únicamente por el mismo titular).
Introducción de conceptos como las conclusiones sobre las Mejores
Técnicas Disponibles(MTD), documentos elaborados por la CE  que
recogen las MTD y los niveles de emisión, mediciones y niveles de
consumo asociados a las mismas, y que serán la base para establecer
las condiciones de la autorización de una instalación.
Se concretan las pautas para que el órgano competente determine los
Valores Límites de Emisión (VLE) a incluir en la autorización de una
instalación, incluyendo la posibilidad de VLE menos estrictos (sin
superar los establecidos en la normativa), en los casos en los que su
aplicación diera lugar a costes desproporcionadamente más elevados en
comparación con el beneficio ambiental.
La modificación sustancial de autorización no necesitará una nueva
AAI, sino que se modificará la existente.
La solicitud de AAI deberá incluir un informe base antes de comenzar
la explotación de la instalación o antes de la actualización de la
autorización, cuando la actividad implique el uso, producción o
emisión de sustancias peligrosas relevantes, teniendo en cuenta la
posibilidad de contaminación del suelo y aguas subterráneas en el
emplazamiento de la instalación.
Se establecen las medidas que el titular debe adoptar tras el cierre
definitivo de la instalación. Se empleará el informe base citado,
para evaluar el estado del suelo y las aguas en el cierre con
respecto al estado base, y restablecerlo en el caso que exista
contaminación significativa.
Se acortan los plazos de resolución de la AAI de 10 a 9 meses, ya que
se suprime en un mes el plazo con el que contaba el organismo de
cuenca para emitir informe en vertidos al dominio público hidráulico
(cuencas gestionados por la Administración General del Estado).
Las AAI existentes deberán ser actualizadas para su adecuación a la
Directiva 2010/75/CE, antes del 7 de enero de 2014. Para ello el
órgano competente exigirá al titular de la instalación la
acreditación del cumplimiento de las prescripciones establecidas en
la Disposición transitoria primera. En el caso en que estas
prescripciones se encuentran ya contenidas explícitamente en la
autorización, ya se considerará actualizada.
Posteriormente, las autorizaciones existentes se revisarán, mediante
un procedimiento simplificado, dentro de los 4 años siguientes a la
publicación de las conclusiones sobre MTD de cada actividad
industrial (antes obligatoriamente cada 8 años).

Por último se modifica la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados,
en el plazo de vigencia de las autorizaciones de las operaciones de
tratamiento de residuos que les resulte de aplicación la Ley IPPC, para
hacerlo coincidir con el de las AAI.

Normativa
Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE de
12/6/2013)

Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de
24 de noviembre de 2010 sobre las emisiones industriales (prevención y
control integrados de la contaminación) (versión refundida) (DOUE de
17/12/2010)

Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación (BOE de 2/7/2002)

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE de
29/7/2011)