COMUNICADO: FAES valora que las medidas empresariales adoptadas por el Gobierno son «precipitadas» y «perjudiciales» para la economía del país

Ante la situación actual y como representante de la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor, que pone voz a los diferentes sectores empresariales de la comarca de la Safor, nos vemos en la necesidad y la obligación de salvaguardar los derechos de todos los sectores productivos: comercio, hoteleros, hosteleros, autónomos, micro pymes, pymes, de todos los sectores y municipios de nuestra comarca, por todo ello consideramos que las medidas económicas adoptadas por el Gobierno se han tomado de manera muy precipitadas, sin tener en consideración los efectos que pueden generar de forma negativa en la economía del país, no siendo proporcionadas y con falta de previsión, lo que ha hecho que se adopten de forma tardía en el tiempo.

Coincidimos con Antonio Garamendi, Presidente de la CEOE, así como con Salvador Navarro, Presidente de la CEV, sobre todo en que para la implantación de estas medidas no han invitado a ningún miembro que represente a las grandes empresas, ni a las PYMEs ni a los autónomos, perdiéndose la oportunidad de alcanzar unas medidas con acuerdos consensuados con los agentes económicos, legales de este país.

Observamos que una vez emitidas y entradas en vigor las normas generadas para esta situación, inmediatamente son subsanados por falta de claridad en su redacción y en las obligaciones inherentes a cada uno de los agentes económicos existentes en el país, de hecho, el último entró en vigor la noche del domingo a las 23’45 horas y hasta ese momento ninguna empresa o empresario sabía si al día siguiente, que era lunes, tenía la posibilidad de abrir su empresa o simplemente de que sus empleados pudieran asistir a sus puestos de trabajo.

Entendemos que no se puede paralizar la actividad empresarial casi de forma generalizada sin haber previsto los efectos que de esta medida se puedan derivar.

Téngase en cuenta que va a resultar muy complicado reactivar una gran parte de empresas que han tenido que cerrar por Decreto, sin haber podido, de forma progresiva y ordenada organizar su cierre y cumplir con sus obligaciones adquiridas con anterioridad. Es de destacar que una de las primeras industrias del país que suponen un importante porcentaje en el PIB, como es la hostelería, va a ser muy difícil poderse recuperar porque, en primer lugar, están todas las empresas cerradas, pero este sector, que era de los mejores de nuestro país va a pagar las consecuencias de la falta de confianza del consumidor y especialmente del turista, que tardará en utilizar estos servicios de la manera en que se venía haciendo.

En cuanto a las medidas implantadas, resultan de difícil aplicación porque se ha informado de la medida pero no de la forma de cómo realizarla de modo eficiente, existe desinformación sobre los caminos a seguir, los entes públicos a los que acudir y, en su caso, los organismos encargadas de tramitar estas medidas, lo que hace muy difícil para el empresario que prácticamente se ha quedado sin personal, incluso administrativo, proceder a solicitarlas con éxito.

La Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES), se manifiesta en contra de la medida adoptada en cuanto a la presentación de las declaraciones fiscales del primer trimestre de 2020.

Hablamos de prorrogar la presentación de estas declaraciones, no de la exoneración de la obligación de pago de las mismas, ya que las empresas que han cerrado temporalmente no tienen los medios necesarios para poder confeccionar y presentar adecuadamente estos tributos. Ya nos estamos encontrando con problemas de impagos de clientes que han tenido que cerrar sus negocios y al no generar ingreso, algunos no están cumpliendo con el pago de sus facturas, lo que puede originar una situación de empresas, que, de forma sobrevenida, incrementen el número de entidades insolventes en nuestro país, ya que la insolvencia se produce por impago y el impago por la falta de liquidez, situación que se puede producir en cadena.

Por último, por parte del Gobierno, se pretende castigar al empresario que no pudiendo soportar esta situación, decida despedir a sus empleados con una indemnización de 33 días por año de servicio, no se aplican medidas excepcionales como las que se contemplan en entidades en concurso de acreedores.

Todo esto va a derivar, sin lugar a dudas, en un problema gravísimo social, por la cantidad de puestos de trabajo que se van a destruir, de difícil recuperación, porque las empresas se han visto en la necesidad de cerrarse de forma no ordenada.