La CEV reclama infraestructuras por valor de 21.530 millones en 10 años
Un informe de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), estima en 21.500 millones la inversión mínima en infraestructuras que necesita la Comunitat en los próximos diez años, de los que 17.983 millones serían competencia estatal y 3.547 millones de ámbito autonómico, para cuestiones en materia de agua como energía, transporte, equipamientos sociales, medio ambiente, urbanismo y mantenimiento.
Así lo ha explicado el presidente de la CEV, Salvador Navarro, a los medios de comunicación antes de asistir al comité ejecutivo de la patronal, celebrado este jueves y que ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha destacado que el documento será «un buen motor de arranque para lo que tiene que ser un gran acuerdo por las infraestructuras» que sea «estructural y no coyuntural» porque «las infraestructuras no pueden definirse de una legislatura a otra».
«Hay que ir mucho más allá e intentar formalizar un gran acuerdo para que, ligado a las disponibilidades presupuestarias, se puedan ir ejecutando las distintas obras», ha asegurado.
En este sentido, Navarro se ha sumado a la necesidad de que este informe sirva de base para establecer un pacto global por las infraestructuras que permita establecer una estrategia «común y estable en el tiempo». «Somos la segunda CCAA en exportaciones, con superávit en la balanza comercial y necesitamos esas inversiones porque tenemos unas empresas competitivas y queremos que lo sigan siendo», ha reivindicado.
Concretamente, el estudio ‘Infraestructuras para el desarrollo socioeconómico de la Comunitat Valenciana’ recoge las 317 infraestructuras físicas necesarias para alcanzar el nivel de bienestar social y el desarrollo socioeconómico que corresponde a la Comunitat Valenciana, en función de su población ajustada y PIB. Las actuaciones están divididas en siete grandes bloques: agua, energía, transporte, equipamientos sociales, medioambiente, urbanismo y mantenimiento con su correspondiente inversión.
Para la ejecución de las obras, propone mecanismos de financiación mediante fórmulas de colaboración público-privada para un total de 7.450 millones –el 35% del total de la inversión–, de los que 5.820 corresponden a inversiones estatales y 1.630 a autonómicas. Así, la financiación pública exclusivamente sería de 14.080 millones –el 65% del total de la inversión–, de los que 12.163 serían inversiones estatales y 1.917 millones autonómicas.
En materia de transporte, valora en 12.384 la inversión, de los que 360,53 millones son para el Corredor Cántabro-mediterráneo; 6.000 millones para el Mediterráneo; 390 millones para la construcción de plataformas logísticas y 1.316,50 millones para conexiones portuarias intermodales, viarias y ferroviarias como los accesos ferroviarios a los recintos portuarios de Alicante y Castellón o la segunda fase del acceso norte al Puerto de Valencia.